Los impactos desiguales sobre las personas y comunidades de la degradación medioambiental y el cambio climático, unidos a las malas condiciones de la vivienda, la pobreza, la mala alimentación, la contaminación del aire o el desempleo, están construyendo unos pilares de desigualdad en nuestra sociedad que pueden y deben tener una respuesta desde las políticas medioambientales y climáticas.
Sin embargo, los gobiernos locales cada vez tienen menos herramientas para reducir la pobreza y la desigualdad. Desde las políticas y la economía verde se puede actuar en ese sentido, encontrándose en esta guía propuestas dirigidas a paliar esta situación desde diferentes ámbitos. A continuación se explican algunos aspectos generales que deben ser de importancia a la hora de trazar la acción de los ayuntamientos, en donde el establecimiento de una economía y empleos verdes a partir de unas bases de igualdad y solidaridad debe ser uno de los objetivos:
- Los Ayuntamientos son más que proveedores de servicios. Como organismos públicos tienen un papel fundamental en la lucha contra la desigualdad y la mejora de la equidad.
- Una política impositiva correlativa al nivel de ingresos y riqueza. Dirigida a que paguen más los que más tengan, que no perjudique a los más desfavorecidos y asegure una redistribución justa en tasación y rentas.
- Una política impositiva que incentive actividades que sean socialmente justas y tengan un menor impacto ambiental. Con un uso más eficiente de los recursos y penalizando las actividades más contaminantes, y llegando a promover desde este enfoque el decrecimiento de las actividades con mayor coste ambiental.
- Los Servicios Públicos deben ser gestionados por entidades públicas. En el caso que haya servicios ejecutados por terceros, se debe exigir una total transparencia y una política clara de rendición de cuentas. Estableciendo el objetivo en la medida de lo posible y de una forma legal, de revertir las gestiones privadas de servicios públicos hacia gestiones públicas.
- La defensa de la gestión pública del agua debe ser reconocida y una maxima en la accion política. El acceso al agua es un derecho humano básico que debe ser gestionado desde entidades públicas. Los casos de privatización de la gestion del agua en muchas ciudades solo generan mayor desigualdad y pobreza, haciendo que el agua pase de ser un derecho de todos a ser un producto dirigido al enriquecimiento y especulación de unos pocos.
- Introducir nuevas medidas de bienestar, que valoren la actividad humana como algo más que la suma de lo que compramos y consumimos.
- Asegurar que los servicios para las personas vulnerables son entregados por servicios públicos, evitando intermediarios y entes privados.
- Promover el voluntariado local y las empresas sociales.
- Introducir fondos de dotación de la comunidad para hacer un mejor uso del bien común y de otros activos.
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